EDITORIALES: PSOE y PP se niegan a reformar un Estado inviable
PSOE y PP se niegan a reformar un Estado inviable
EL GOBIERNO italiano ha sorprendido tanto a sus propios ciudadanos como al resto de Europa al aprobar una drástica reforma de su organización territorial para contener el déficit público. Concretamente, sus 1.970 municipios con menos de 1.000 vecinos serán obligados a fusionarse y desaparecerán las provincias con menos de 300.000 habitantes, que pueden alcanzar la treintena. Berlusconi, tan criticable por otros motivos, ha cogido el toro por los cuernos ante el susto que dieron los mercados. De nada ha servido que el primer ministro se resistiera a acelerar las reformas. Ahora el BCE se la has impuesto, como reconoció el ministro Tremonti. Si trasladáramos de forma puramente mecánica esta reforma al caso de España, tendríamos 42 provincias y los 4.860 municipios de menos de 1.000 habitantes podrían quedar reducidos a la mitad mediante agrupaciones o fusiones. Aunque naturalmente cada país tiene sus especificidades, la comparación con Italia no es un ejercicio diletante, puesto que si alguna coincidencia existe en la opinión pública española es que un país con 17 comunidades que son mini estados, más de 8.000 ayuntamientos, 50 diputaciones provinciales -incluidos cabildos y consells insulares- no es ni racional ni viable. En la época de vacas gordas, era un derroche que cuatro administraciones -central, autonómica, provincial y municipal- prestaran los mismos servicios. En plena crisis, supone un auténtico suidicio. ¿De verdad podemos permitirnos el gasto de mantener 4.860 ayuntamientos en núcleos de población de menos de 1.000 habitantes?
Y no se puede decir que los estudios más solventes no lo hayan advertido. Tanto el documentoTransforma España de la Fundación Everis como el informe de Faes -la fundación del PP- sobre la viabilidad del Estado autonómico plantean directamente la necesidad de suprimir entidades locales, como ha ocurrido en Grecia, Irlanda e Italia. La supresión de las diputaciones provinciales, instituciones prácticamente vacías de contenido desde que se constituyeron las comunidades autónomas, es una idea que sobrevuela el debate político español sin que ninguno de los dos grandes partidos, PSOE y PP, tenga el valor de plantearla. Las razones son sencillas: las diputaciones son un ámbito de poder en el que colocar a los militantes y en muchas ocasiones instrumentos que favorecen el clientelismo. Sólo UPyD ha hecho el esfuerzo de elaborar un informe sobre la reducción de gasto público -3.800 millones de euros- que supondría la agrupación de municipios de menos de 5.000 habitantes. La negativa de PSOE y PP a considerar la posibilidad de reformar la estructura de un Estado inviable sólo por mantener sus cuotas de poder supone una grave irresponsabilidad. El Gobierno italiano se había resistido hasta ahora a tomar medidas duras. El ministro Tremonti ha reconocido con todas las letras que el BCE ha impuesto el ajuste como condición para comprar su deuda pública. Sería una ingenuidad creer que el BCE impone condiciones a Italia y no a España, por lo que si el Gobierno de Zapatero opta por obviar las reformas, argumentando que está de salida, el Ejecutivo que surja de las urnas no tendrá más remedio que hacerlo, de grado o por fuerza
