Un modelo obsoleto, ineficiente e irracional, de Rosa Díez en El Mundo
por Rosa Díez
Hace ya casi un año, cuando nadie hablaba de estas cosas en España, presentamos un estudio que abordaba este problema y ofrecía soluciones. Nuestro objetivo era demostrar que el modelo municipal español -diseñado en las Cortes de Cádiz y que se mantiene prácticamente inalterable desde entonces- necesita un repaso urgente si queremos garantizar la universalidad y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.
La España liberal de hace casi dos siglos definió un modelo municipal campesino-parroquial que aún perdura. Sirvan algunos datos como ejemplo: España tiene 8.114 municipios para 46.951.532 habitantes; 6.821 municipios (el 84,1%) tienen menos de 5.000; 907 (el 11,2%) tienen entre 5.001 y 20.000, y sólo 240 (el 1,04%) tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes.
Somos el único país europeo que no ha hecho reformas para reducir el número de municipios en el último siglo, lo que ofrece un panorama de descompensación en tamaño y población que trae como consecuencia directa que no todos los municipios prestan los mismos servicios considerados esenciales con una calidad mínimamente homologable a los ciudadanos. Por otra parte, el tamaño excesivamente pequeño propicia un exceso de alcaldías y órganos de gobierno local en modo alguno justificado desde la exigencia de los servicios que se prestan.
Como demostramos en el estudio de referencia, los datos sobre eficacia y eficiencia en relación con el tamaño de los municipios aconsejan la puesta en marcha de políticas públicas para promover de forma urgente la fusión de municipios. El ahorro de recursos en diferentes capítulos sería evidente.
Se produciría una importante supresión de cargos políticos, pasando, por ejemplo, de los 48.733 concejales que hay en los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes a 13.000 concejales si se fusionasen en 1.000 municipios de 5.000 habitantes; o a 7.500 concejales si la fusión se hiciera en municipios de 10.000 habitantes.
Se suprimirían un buen número de empresas y fundaciones redundantes; se reduciría considerablemente el número de empleados públicos; se suprimiría un importante número de coches oficiales, dietas, gastos de representación, etcétera; se liberarían inmuebles que podrían venderse… En suma, aflorarían recursos públicos que podrían destinarse a prestar más y mejores servicios a los ciudadanos en vez de utilizarse para mantener estructuras duplicadas y obsoletas que no tienen, en muchos casos, otro objeto o sentido que la representación institucional.
La ley que regule las fusiones debe obedecer al principio de que la estructura territorial no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos. En nuestra propuesta consideramos la continuidad geográfica, con un núcleo principal que sea el más poblado, y el establecimiento de un periodo voluntario con ayudas finalistas condicionadas a la fusión, que pasaría a ser obligatoria cumplido un determinado plazo.
En definitiva, dentro del proceso de racionalización del conjunto de las administraciones públicas, es preciso que España acometa también la reforma de los municipios. No podemos seguir manteniendo un modelo obsoleto, que se ha mostrado ineficiente, sólo por atender las apetencias de poder de los dirigentes políticos. Esta reforma -que deberá ser impulsada y dirigida por el Estado, como garante de la igualdad y la estabilidad de las instituciones- es imprescindible.
Me consta que habrá muchas resistencias (tenemos una clase política tremendamente conservadora, más allá de la descripción ideológica con la que quieran definirse), pero lo que no hemos sido capaces de hacer como consecuencia de una reflexión rigurosa habremos de abordarlo obligados por las circunstancias. Una España solvente, con una Administración moderna, debe poner las instituciones al servicio de los ciudadanos, profesionalizando la Administración, luchando contra la corrupción y evitando la descapitalización social.
Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de UPyD.
