EDITORIALES: Acabar con el despilfarro del sector público
Acabar con el despilfarro del sector público
LAS ESTADÍSTICAS oficiales son elocuentes. Según los datos del INE, las Administraciones públicas tenían 2.760.000 funcionarios en abril de 2004, cuando Zapatero llegó al poder, y, a finales de septiembre de 2011, empleaban a 3.220.000 personas. Por lo tanto, la cuenta es muy sencilla: la plantilla ha crecido en 460.000 funcionarios en las dos legislaturas en las que han gobernado los socialistas.
Aunque no existen datos fiables, no es aventurado decir que en estos siete años y medio se han creado cientos de empresas públicas y que las diferentes Administraciones han contratado miles de asesores y técnicos. Como consecuencia de ello, el coste de personal de las Administraciones Públicas se ha incrementado en unos 50.000 millones de euros desde el año 2004.
No hace falta ser un experto para darse cuenta de que este ritmo de incremento del número de funcionarios -muy por encima del aumento de la población y del crecimiento del PIB- es totalmente insostenible. Por el contrario, la necesidad de recortar el gasto público para cumplir con los compromisos asumidos ante la UE obliga no sólo a paralizar la contratación de nuevo personal sino además a reducir su número absoluto.
Resultan, por ello, de sentido común los mensajes lanzados ayer por Mariano Rajoy a los presidentes autonómicos del PP, a los que instó a acabar con las duplicidades que existen con otras Administraciones, a reducir el tamaño del sector público y a políticas de austeridad en los gastos.
Cualquier persona sensata podría suscribir estas recomendaciones, pero la realidad es que los sucesivos Gobiernos de Zapatero han hecho lo contrario y son, por tanto, responsables de este crecimiento insostenible de los empleados del sector público, que, como las cifras reflejan, ha seguido en la misma tónica en lo que va de año pese al agravamiento de la crisis.
Pero no sólo se ha producido un injustificable aumento de las plantillas. Ello ha ido acompañado de unas políticas de despilfarro de las Administraciones del Estado, que han hecho inversiones faraónicas en obras de dudosa o nula utilidad y han derrochado el dinero en coches oficiales, viajes innecesarios, mobiliario y gastos suntuarios.
Lo peor de todo es que nadie se ha hecho responsable de estos despropósitos que han contribuido a agudizar el ya considerable agujero de nuestras cuentas públicas.
Ahora le va a tocar a Mariano Rajoy arreglar este desaguisado. Pero si quiere tener autoridad moral para que los ciudadanos acepten los sacrificios que se les va a imponer, el futuro presidente del Gobierno tiene que empezar por recortar el tamaño de todas las Administraciones y cerrar cientos de empresas que sólo sirven para justificar el cobro de salarios, desmesurados en la mayoría de los casos.
Algunos presidentes autonómicos del PP como Fabra, Bauzá o De Cospedal han empezado a predicar con el ejemplo. Pero ello no basta. El nuevo Gobierno debe imponer estrictos techos de gasto a las comunidades autónomas y cumplir de forma rigurosa los objetivos de déficit. No hay alternativa en unos momentos en los que los mercados dudan de la solvencia financiera de España.
Zapatero ha dado empleo a 460.000 funcionarios más, pero muy pocos españoles piensan que los servicios públicos funcionan hoy mejor que en 2004. Lo único cierto es que existe una mayor burocracia. De eso no hay duda. Creemos que una de las primeras medidas del nuevo Gobierno debería ser congelar la contratación de funcionarios en el próximo ejercicio mientras se ponen en marcha esas medidas de adelgazamiento que son absolutamente necesarias.
Vía epésimo
