Calbarro considera "sorprendente" que ni en el reciente debate televisivo entre Rajoy y Rubalcaba ni en la campaña electoral de Baleares se debata sobre el problema de la corrupción · UPyD incluye en su programa para el 20N medidas para luchar contra este cáncer de la democracia y restaurar, así, la confianza de los ciudadanos en la clase política y las instituciones
Palma, sábado 12 de noviembre de 2011
Juan Luis Calbarro, candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) al Congreso de los Diputados por Baleares, considera que "es realmente sorprendente que los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, rehúyan debatir sobre la problemática de la corrupción, como se pudo comprobar en el reciente debate televisivo entre Rajoy y Rubalcaba, y como se puede comprobar cada día en la campaña electoral de Baleares". "Sin duda", continúa Calbarro, "esto demuestra que la corrupción es uno de los temas en los que PP y PSOE se han puesto de acuerdo para no tocarlos en la campaña electoral y de esta manera correr un tupido velo sobre los casos de corrupción que afectan a ambos partidos".
Calbarro recuerda que, "según el barómetro de junio del CIS, más de ocho de cada diez ciudadanos (el 85,6%) creen que la corrupción está "muy" o "bastante" extendida en España", y no duda que "ese es uno de los motivos principales por los que el 24,7% de los encuestados ven a la clase política como un problema, porcentaje que bate un nuevo record en comparación a los anteriores barómetros del CIS".
Finaliza el candidato del partido transversal afirmando que "es muy preocupante que los políticos seamos considerados por los ciudadanos como su tercera mayor preocupación, siendo superados solamente por el paro y la economía. Para UPyD la lucha contra la corrupción es una de nuestras mayores prioridades y a tal fin proponemos en nuestro programa electoral una serie de medidas contundentes".
Calbarro enumeró algunas:
- Ley de Transparencia que prevenga la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tenga cualquier relación de interés privado con éstas, e impulse prácticas de transparencia y acceso a la información en todas ellas para mejorar la calidad de las instituciones y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas.
- Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales. Se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito. También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos.
- Medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.
- Nueva ley de exigencia de responsabilidad civil, y penal para los casos más graves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables.
- Modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de que tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos.
- Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa. Prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas. Modificación de la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.
- Despolitización del Tribunal de Cuentas, eligiendo sus miembros sin injerencias partidistas. El tribunal de cuentas sería el encargados del control, en exclusiva, de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales.
Rosa Díez habla claro sobre diversos temas desde hace años.
