El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha anunciado esta mañana que en esta Comunidad autónoma se va a poner fin a la “economía de la subvención” y que este tipo de ayudas solo se van a conceder en base a “criterios socioeconómicos y sanitarios”.
Este nuevo recorte fue anunciado por el barón popular en el transcurso de su participación en el foro de Europa Press donde también desveló que su objetivo es reducir hasta un setenta por ciento los liberados sindicales que existen en la región. A su juicio, la Comunidad autónoma que preside está atravesando la peor crisis económica de su historia, que se concreta en una deuda de 4.500 millones y un déficit de 1.100, sin contar el sector público, que aún se está analizando.
En relación a la reducción del dinero destinado a las subvenciones, Bauzá señaló que ha habido mucha gente “que ha vivido muy bien a costa del dinero público” y que este dinero “ha distorsionado” la competencia que tiene que haber entre las empresas. Su idea est´á clara: “No puede existir el amiguismo”.
En relación a los liberados sindicales, subrayó que se tienen que apretar el cinturón, al igual que están haciendo las familias y los ciudadanos y se preguntó si “están defendiendo a los trabajadores o a su liberados sindicales”. Bauzá afirmó que no está “inquieto” porque estos recortes puedan derivar en una protesta sindical, respondiendo que “más inquietos están los bolsillos de los ciudadanos”.
El presidente balear abordó varios temas de la actualidad nacional y regional como es es caso del problema del bilingüismo en Cataluña, instando a esta región a cumplir las sentencias judiciales porque “Cataluña es España”. Sobre la actitud del presidente Artur Mas afirmó que “cuando uno gobierna para sus propios intereses no representa la responsabilidad de Gobierno”
Bauzá ha manifestado que su gobierno está centrado en resolver la situación económica de la comunidad, que ha calificado de "crítica" y "dramática", que achaca al 'Pacte de Progres', y que su intención no es "mirar debajo de las alfombras", aunque asevera que cualquier hipotética irregularidad sería puesta a disposición de la abogacía del Estado.
(EFE).
Paloma Cervilla, ABC
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