EDITORIAL
EL DESAFÍO de la Generalitat al Estado de Derecho sigue una peligrosa escalada. Ayer, el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, aseguró que el Gobierno que preside Artur Mas no va a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le da dos meses para que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo.
Es cierto que el Constitucional consideró legítima la política de inmersión lingüística en una sentencia de 1994, pero lo hizo sobre una ley ya derogada. En su fallo de julio de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, el Constitucional indicaba que «el castellano debe ser objeto de idéntico derecho que el catalán» y debe «disfrutar de la condición de lengua vehicular».
Lo ideal sería que cada familia pudiera elegir la lengua en la que educa a sus hijos. Pero lo que el Supremo dice en la sentencia a la que se refiere el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que la educación se tiene que impartir en ambos idiomas. Aunque el Constitucional admitió la política de inmersión, lo hizo estableciendo que era temporal y que ambas lenguas debían equipararse en el sistema educativo, algo que no ha sucedido.
La posición del Gobierno catalán fue apoyada ayer por José Montilla, que aseguró que el PSC defenderá el modelo vigente y aprovechó para arremeter contra el PP. No deja de resultar paradójico ese entusiasta apoyo a la inmersión de un político que lleva a sus hijos a un colegio alemán. Pero, al margen de Montilla, otras muchas voces e instituciones del nacionalismo han pedido al Gobierno catalán que desobezca la sentencia.
Ayer CiU, ERC, PSC, ICV y Solidaritat, el antiguo partido de Laporta, iniciaron las conversaciones en el Parlament para pactar un comunicado de rechazo de la sentencia, solicitando a Artur Mas que no la cumpla. Veremos en qué términos queda redactado. Pero no hay duda de que los dos meses y medio que restan hasta las elecciones van a estar marcados por este enfrentamiento entre el nacionalismo catalán y los tribunales.
Suponiendo, como es probable, que el Gobierno de Mas no acate la sentencia o haga el simulacro de aceptar algún retoque cosmético, el interrogante es cuál será la actitud del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el órgano judicial que tiene que velar por la ejecución de la sentencia.
Homs sugirió ayer que la Generalitat podría llevar el caso hasta el Supremo o el Constitucional, lo que indica que estamos ante una batalla judicial que se alargará durante años, que es lo que pretende el nacionalismo catalán. Si CiU y sus aliados se salen con la suya y el Estado de Derecho no vence en este desafío, los nacionalistas habrán asestado un golpe mortal a la unidad de la nación y a los principios constitucionales, que quedarán convertidos en papel mojado
Vía e-pesimo
