El dirigente de CiU Josep Duran Lleida sostiene que es posible la escolarización en castellano en Cataluña. Y así es, siempre que los padres dispongan de los medios económicos necesarios para matricular a sus hijos en un centro privado. Nada extraño, por otra parte. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, Montilla o su sucesor al frente de la Generalidad, Artur Mas, para garantizar que sus hijos reciban una enseñanza competitiva. Sin embargo, no es ese el caso de otros padres, cuyas peticiones en centros públicos y concertados para que sus hijos puedan estudiar también en castellano son recibidas con una batería de obstáculos administrativos, reparos educativos y nada sutiles recomendaciones para que, literalmente, no den la nota y dejen de perjudicar al niño.
Negar esa situación, como hace Duran Lleida, es enmendar la plana a una realidad tan sangrante como por otra parte reconocida con desparpajo por muchos profesores y casi la totalidad de los políticos catalanes. El objetivo, como no han tenido empacho en admitir y difundir durante las tres últimas décadas, es que el catalán, y sólo el catalán, sea la lengua "vehicular" de todos los niños a fin y efecto de erradicar el español de la vida social, cultural y hasta familiar de quienes estén instalados, temporal o definitivamente, en Cataluña. Decir lo contrario, más que mentir, es menospreciar alevosamente los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.
Que el portavoz de CiU en Madrid defienda la imposición del catalán entra dentro de lo previsible. No tan evidente, pero casi, es que el PSOE apoye una moción nacionalista destinada a convertir la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en papel mojado, que es lo acontecido en el Congreso. De momento, y no hay indicios para el optimismo, el castellano en la educación catalana seguirá siendo una simple asignatura más, muy lejos de las pretensiones de sentencias y autos del Supremo y del TSJC que la Generalidad se ha saltado a la torera con la complicidad de un sistema mediático pendiente de sus subvenciones y especializado en justificar editorialmente las teorías soberanistas sobre el supuesto expolio de las arcas autonómicas y los presuntos ataques a la "identidad" y la lengua catalana. Ahora, con el apoyo del Gobierno socialista, CiU y la Generalidad tienen vía libre para incumplir la ley y mantener en vigor un método cuya finalidad es impedir que los niños usen una lengua (materna en muchos casos) que es la oficial, por el momento, en el territorio donde son escolarizados.
Si la Generalidad se declara insumisa, el Estado debe dotarse de los instrumentos necesarios para que la ley se cumpla en todo el territorio nacional. En este sentido, es reseñable la iniciativa de cinco asociaciones cívicas –de Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana– que han presentado una proposición de ley, para que una única norma nacional garantice que, también en este ámbito, los españoles somos iguales ante la ley.
Libertad Digital, editorial
