Mercedes Serraller, Expansión
Los expertos esperaban que el Banco de España moviera ficha y auguraban que los consejeros podrían haber incurrido en responsabilidades que habrá que probar, similares a las de Caja Castilla-la Mancha.
La gestión de los consejeros de la CAM está bajo el punto de mira del Banco de España y de la opinión pública.
La cuestión es dilucidar si se ha tratado sólo de una mala administración o si se ha podido incurrir en responsabilidades penales. Las noticias de que la Caja repartió 165 millones en créditos blandos llevan a inclinarse por lo segundo. A lo que se unen iniciativas heterodoxas –que no son nunca del agrado del regulador–, sobre todo la de ofrecer un depósito al 4%.
En este contexto, los expertos consultados por este diario auguran que, en un sentido penal, no sólo financiero, la CAM es “una bomba de relojería” que está a punto de estallar. Sólo faltaba que el Banco de España ultimara sus investigaciones.
Así lo cree Esteban Ceca Magán, socio director de Ceca Magán Abogados, quien considera que al regulador sólo le retenía el deseo de que otro caso CCM no salte a la opinión pública. A Ceca Magán le parece que la Caja “huye hacia delante y toma medidas in articulo mortis” que podrían volvérsele en contra: “Es posible que intenten tapar agujeros, ya que temen llegar a una insolvencia incurable y que el Banco de España les venda por cuatro perras al mejor postor”.
José Ángel González Franco, socio director de González Franco Abogados, apunta que “en el caso Caja Castilla-La Mancha, se han puesto en marcha los mecanismos penales a raíz de una querella de un partido político y con el apoyo del Banco de España. Sin embargo, con la CAM nada de esto ocurrió al menos, mientras el regulador buscaba novio a esta Caja despechada”.
Ángel Fernández-Albor, catedrático de Derecho Mercantil y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, cree que “los consejeros son responsables del mismo modo que los de otras sociedades, el problema está en que en las cajas el plano civil no da juego, puesto que como no hay accionistas, no suelen plantearse demandas de responsabilidad por daños a la propia caja”.
Y sobre la responsabilidad penal, González Franco recuerda que “para hablar de delitos de administración desleal debe haber dolo, es decir, que los consejeros actuaran a sabiendas de que era probable que la Caja pudiese sufrir un perjuicio patrimonial. Una mera sobreexposición a riesgos inmobiliarios no basta”.
Por su parte, Manuel Conthe, of counsel de Bird & Bird y presidente del Consejo Editorial de EXPANSIÓN y Actualidad Económica, matiza que, “a falta de conocer detalles, puede haber riesgo de criminalización del fracaso, cuando es posible que lo que pasó es que no se calibró bien la burbuja, en un clima político que no era un dechado de virtud”.
Pero González Franco concluye que los hechos supuestamente imputados son “muy similares” a los de Caja CCM: “Crisis bancaria, exposición excesiva al riesgo inmobiliario, importantes clientes del entorno político regional en negocios que no han sido rentables y graves divergencias entre la valoración contable de los administradores y del regulador”.
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