Un amigo opina que el actual estatuto catalán es homologable a los demás y que sus asperezas han sido limadas por el Tribunal Constitucional. Sostengo lo contrario: es la clave de la colaboración del gobierno con la ETA."
Un amigo opina que el actual estatuto catalán es homologable a los demás y que sus asperezas han sido limadas por el Tribunal Constitucional. Sostengo lo contrario: es la clave de la colaboración del gobierno con la ETA. No en vano ha dicho Maragall que dejaba en residual el estado español en Cataluña. Se trata del plan B de aquel estatuto de Ibarreche que hacía de Vascongadas una especie de estado asociado. Y tal es el significado del estatuto catalán.
Ya en su tramitación el gobierno socialista renunció a la Constitución y a su propio status nacional afirmando que se aprobaría lo que decidiera el Parlament, dando un paso más en un proceso de balcanización querido por fuerzas políticas que comparten, como decía Julián Marías, una visión negativa de España. Visión nacida de una densa ignorancia de la historia y una arrogancia disparatada.
Uno de los puntos en litigio, a mi juicio fundamental, consiste en la atribución a Cataluña del carácter de nación, así expresado en el preámbulo y reforzado con el adjetivo nacional en el articulado. Para mi amigo, ello no tiene importancia desde que el Tribunal Constitucional dictaminó (frente a votos particulares) que "Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a "Cataluña como nación" y a "la realidad nacional de Cataluña". Aquí topamos con un doble problema, el del peculiar aserto tribunalicio y el del valor político del mismo tribunal, cuya autoridad moral no ha levantado cabeza desde el caso Rumasa.
Vayamos ahora a lo primero. Ante todo, un estatuto no es un mero ordenamiento jurídico, sino ante todo político. La orientación del mismo suele constar en el preámbulo y, por supuesto, declarar a Cataluña nación tiene la máxima trascendencia política, también jurídica, aunque sea a medio o largo plazo, por más que el tribunal persista en desacreditarse fingiendo ignorarlo. Parece creer que es solo una cuestión terminológica sin mayor efecto, por la "que no vale la pena reñir". Pero entonces, ¿por qué los separatistas insisten tanto en ella? ¿Por puro capricho? No. Porque en una democracia, la nación, el pueblo, ostentan la soberanía. Ello da a las frecuentes invocaciones al "pueblo catalán" o a los "ciudadanos de Cataluña" su verdadero sentido, nacional, es decir, separatista, no meramente autonómico.
Según revelan la aprobación del estatuto por solo un 36% de los catalanes, y la irrisoria votación en otros ilegales referendos, el separatismo popular es tan escaso como enorme la deslealtad de los dirigentes hacia España y hacia un sistema de libertades al que deben todo sin que este les deba nada. Por ello el estatuto debe entenderse como un gran hito en la "construcción nacional" y la promoción del ambiente secesionista en Cataluña. Aparte de que sus fautores ya han anunciado que dedicarán a menesteres higiénicos la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo están haciendo, sospecho que tanto con el PSOE como con el PP.
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Beatriz Adriana, Popurrí ranchero.
