Nuestro país ya no es un Estado de derecho, es una monarquía bolivariana donde no existen garantías jurídicas, solo la corrupción y la necedad de la casta política.
En este mes de octubre, España está al borde de la catástrofe. Nos encontramos de nuevo en recesión, las oficinas de empleo registran casi 10.000 nuevos parados diarios y el déficit público tiene un descuadre histórico. Ángel Laborda, director de Coyuntura de FUNCAS, explicaba ayer que el déficit del primer semestre ha sido del 9,2% (un 53% más de lo previsto), pero dicho porcentaje no incluye agujeros aún ocultos de CCAA como Valencia, Murcia, Andalucía o del Ayuntamiento de Madrid, ni el nuevo expolio a los españoles que supone el rescate de unas cajas totalmente innecesarias. En total, un déficit público cercano al 11 % del PIB, es decir, un descuadre del 80%.
La consecuencia es que España necesita, desde enero, obtener mensualmente préstamos por 20.000 millones de euros para atender vencimientos y seguir gastando lo que no tenemos. De dicha cifra, 12.000 millones se destinan a vencimientos de deuda del Estado, 4.000 para necesidades de nuevo endeudamiento del Estado, más de 1.000 millones para vencimientos de deuda de autonomías y ayuntamientos y más de 2.000 para financiar sus déficits. Y, a esta situación insostenible, unos necios con poder (Gobierno, oposición y BdE) añaden el robo de los rescates.
Por ello, a nadie puede sorprender la decisión de Fitch de rebajar dos escalones el rating de España hasta AA- y su anuncio de nuevas rebajas. Ya en marzo, cuando cambió la perspectiva de los bonos a “negativa”, la agencia explicó que era debido a la debilidad de la recuperación –hoy ya recesión-, a las dificultades de conseguir el objetivo de déficit -sin conocer lo que iba a aparecer bajo las alfombras- y al coste de la reestructuración del sistema financiero.
A ello debe sumarse su seria preocupación por el hecho de que nuestra deuda exterior neta (el 91 % del PIB) es una de las más altas del mundo. Sin embargo, como he venido sosteniendo en esta columna, Fitch concluye que “la solución de la crisis de España es política”, es decir, no se arreglará hasta que liquidemos el Estado autonómico, económicamente ruinoso y corrupto hasta la médula.
El efecto inmediato más grave, aparte de encarecer nuestra deuda, es que muchos fondos de renta fija y de pensiones solo pueden invertir en deuda AA+ o superior, lo que significará ventas importantes de deuda española. Si después de esto alguien cree que los mercados van a seguir comprándonos 20.000 millones de euros mensuales de deuda para mantener el despilfarro es que está soñando.
Un ‘robo’ de 80.000 millones al pueblo español
Y, así las cosas, el Gobierno y el Banco de España ya no pueden ocultar que el sistema financiero hace aguas por todas partes. De momento, cuatro grupos de cajas quebradas han tenido que recibir por vía de urgencia para evitar su cierre 10.550 millones de euros entre liquidez y el robo legal del FROB. Solo es el principio.
En el caso de la CAM, la cantidad recibida alcanza los 3.000 millones de euros (de nuestro dinero) para garantizar su liquidez. La entidad se ha fundido 1.000 en diez días y ha dedicado 2.800 millones de fondos públicos a garantizar su solvencia. Además, el Estado se compromete a cubrir el agujero potencial hasta 18.000 millones. Ya sabemos cómo calcula el BdE los agujeros potenciales.
En el caso de CCM, el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez aseguró que la intervención no costaría un céntimo a los contribuyentes. Al final serían 6.000 millones más la mitad del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cuyo fin era avalar el ahorro de los españoles. Los insensatos del BdE devolvieron el dinero íntegro a los bonistas sin quita alguna y cubrieron deudas y vencimientos, algo que nunca sucede en una quiebra.
Esta es la clave: ¿en nombre de qué van a expoliar a los españoles decenas de miles de millones para reflotar unas cajas completamente innecesarias? A finales de los años 70, Mariano Rubio, el último gran gobernador del BdE, envió 51 bancos inviables al FGD, donde sus activos fueron liquidados y sus acreedores, bonistas y similares tuvieron que asumir las pérdidas de su avaricia y su insensatez. No se le ocurrió reflotarlos con el dinero de todos los españoles.
¿Qué derecho tienen José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el gobernador a obligarnos a asumir las pérdidas de unos irresponsables?
Lo ocurrido supone una tropelía inaudita. Si la gente fuera consciente se manifestaría en masa ante el BdE para pedir la cabeza de los responsables. Nuestro país ya no es un Estado de derecho, es una monarquía bolivariana donde no existen garantías jurídicas, solo la corrupción y la necedad de la casta política.
Estas cajas deberían ser cerradas y sus responsables procesados, porque los delitos que se intuyen no solo implican un grave incumplimiento de sus responsabilidades. ¿Vamos a creer que en los préstamos multimillonarios concedidos sin garantías adecuadas, saltándose todos los procedimientos y por los que ahora reciben indemnizaciones escandalosas, no hubo carros y carretas por debajo de la mesa?, ¿o en el aparcamiento de una gasolinera?
Malos augurios en la operación Popular-Pastor
La operación del Popular y el Pastor, uno en dificultades y el otro inviable, no augura nada bueno y plantea una nueva cuestión: ¿cuánto nos acabará costando esta nueva idea del BdE? Todo lo ideado anteriormente por su gobernador ha acabado en ruina para los españoles. ¿Cuándo van a devolver los miles de millones del FROB las cajas convertidas en bancos?, ¿o es qué sus dirigentes van a cobrar los entre 2 y 5 millones que se han asignado sin devolver un céntimo de nuestro dinero?
Si tenemos en cuenta el conjunto del sistema, no estamos hablando de un rescate de 80.000 millones sino probablemente de 150 o 200.000 millones (Moody´s estimaba en marzo 120.000 millones en un escenario adverso pero que ya ha sido ampliamente superado).
Por otra parte, ¿qué sucede con los 89.000 millones avalados por el Tesoro de la gigantesca deuda exterior, que en lugar de bajar crece y se acerca ya a los 800.000 millones? La mayoría no podrá pagar, lo que significa que será el Estado quien tendrá que hacerlo. Un dinero que ya no tiene, por eso si el BCE no refinancia al sector financiero de forma masiva éste supondrá, junto con las autonomías, nuestra ruina.
¡Ojo con sus ahorros!
Ahora, volvamos al principio. España necesita 20.000 millones de euros mensuales para sobrevivir y todas las medidas de austeridad anunciadas por el PP -porque Rubalcaba ha enloquecido y asegura que va a gastar más- y las que supuestamente ya ha puesto en marcha en varias CCAA son del todo insuficientes.
En 2012, y en los años posteriores, seguiremos gastando más de lo que ingresamos. Eso ya no es posible. Y da la sensación de que la clase política no es consciente de lo que tenemos encima.
España necesita 20.000 millones de euros mensuales para sobrevivir y todas las medidas de austeridad anunciadas por el PP, y las que ya ha puesto en marcha en varias CCAA, son del todo insuficientes. Da la sensación de que la clase política no es consciente de lo que tenemos encima.
¿Cómo puede prometer Rajoy que no bajará las pensiones y que mantendrá su poder adquisitivo? Claro que Rubalcaba afirma que las subirá. Están engañando a la gente de forma miserable cuando saben que o se liquida ya el Estado Autonómico o esto no se sostiene. A los jubilados tendrán que bajarles la pensión en los próximos meses un mínimo de un 9% para no quebrar, y hasta un 40% en tres o cuatro años, según demuestran todos los estudios actuariales.
¿Y qué pueden hacer ustedes? Para empezar, pueden votar a aquellos partidos que llevan en su programa la supresión del Estado Autonómico (y la supresión del concierto vasco).
No podrán quejarse después si no actúan.
España ni puede seguir gastando lo que no tenemos, ni salvar al sistema financiero. Ya no hay dinero. Por tanto, ¡ojo con sus ahorros! Olvídense de la protección de 100.000 euros porque el dinero del FGD para garantizarlo se lo han fundido íntegro en los rescates de cajas.
El Estado ya no tiene liquidez para garantizar ni el 10% de los 2,2 billones en depósitos.
Y para aquellos que tengan 100.000 euros o más, la mejor protección es la que están ofreciendo algunos de nuestros grandes bancos en sus sucursales del exterior. Se trata de algo absolutamente legal, nada nuevo bajo el sol, pero los buenos clientes lo están utilizando de forma creciente desde agosto. En todo caso, no se anden con medias tintas. La situación económica es tan seria que el peor escenario es ya posible.
Por ello, repito, ¡ojo con sus ahorros! Pónganlos a salvo en las entidades más solventes, porque nadie sensato puede poner en riesgo su patrimonio y los ahorros de toda una vida.
Roberto Centeno en Cotizalia
