«Hay directivos de empresas públicas que cobraban sin ir a trabajar ni un día»
Día 02/10/2011
JOAN LLADÓ
«Sabía que la situación iba a ser muy difícil, pero no esperaba encontrarla tan mal». José Ramón Bauzá ha heredado una comunidad que hace agua por todos lados. Y no porque sea un archipiélago, sino más bien un desmadre en el que, durante los últimos cuatro años, se han creado empresas públicas «solo para recibir subvenciones», altos cargos «cobraban sin haber ido a trabajar ni un día», se invertían diez millones de euros al año en una televisión «nacida exclusivamente para el autobombo» o en algún hospital público se eliminaron «diez puestos de técnico para colocar a tres directivos de cien mil euros cada uno».
Por poner cuatro ejemplos, porque, cada día que pasa al frente de Baleares, y ya lleva 107, el benjamín de los presidentes autonómicos descubre nuevos desmanes que, no obstante, él parece tener muy claro cómo atajar. Con una «nueva forma de gestión», basada en meter la tijera en vez de «mano a la caja» y en convertir el Gobierno, no en «la oficina de contratación del partido», sino en un estímulo para la iniciativa privada a base de dar seguridad jurídica en lugar de subvenciones. Contundente en su mensaje y correcto en las formas, de gesto naturalmente serio, la penúltima revelación en las filas del PP despierta empatía en la distancia corta e incluso deja entrever un lúcido sentido del humor, quizá reservado para mejores tiempos.
—Ha sorprendido por la autoridad y contundencia de sus medidas.
—Es importante tener las cosas claras. Estoy aquí para tomar decisiones en función del interés general y no para quedar bien con nadie en concreto. Sobre todo, ante situaciones difíciles como la de ahora. La crisis es coyuntural. El señor Zapatero no es culpable de todo, pero sí ha sido partícipe al no querer asumirla, no tomar las decisiones adecuadas en los momentos apropiados y hacer una venta de España al mejor postor en función de los intereses. Eso ha sido determinante para que España esté donde está.
—Ha dicho que muchos de sus predecesores vivieron «a lo grande y tirando de la tarjeta que pagamos todos». ¿Qué es vivir a lo grande?
—El caso de Baleares es muy claro. Un «hexapartito» con el único objetivo de que el PP no gobernara, de mantener la silla caliente a cualquier precio y repartirse lo de todos entre unos pocos condicionados exclusivamente por el interés personal, en este caso político.
—¿Puede concretar esos excesos?
—A priori no tengo constancia de nada, pero es igual. Para mí es el mismo concepto de corrupción el que se queda con lo de los demás que el que utiliza lo de los demás para su único beneficio, en este caso, perpetuarse en el poder.
—¿Se esperaba lo que ha encontrado?
—No. Sabíamos que la situación iba a ser muy difícil, pero no imaginábamos que llegaba a este nivel de mala gestión, como si el dinero de todos no fuese de nadie. Las instituciones han crecido y se han sobredimensionado no como consecuencia de las necesidades de la sociedad, sino de los políticos.
—Le han dejado una deuda de 4.500 millones de euros, un 50% más que el presupuesto de toda la región.
—Eso es lo importante. El Gobierno anterior heredó una deuda de unos 1.700 millones, pero con unas infraestructuras que, gustaran o no, estaban ejecutadas. Este Gobierno hereda una deuda de 4.500 millones y, a la pregunta de dónde están las infraestructuras, la única respuesta del consejero de Economía fue que eran inversiones silenciosas. Si las hemos pagado todos, queremos que digan dónde están.
—Ha suprimido los liberados sindicales. ¿No es necesaria su labor?
—Creo en la representación sindical, pero su labor se puede hacer perfectamente con los mínimos que fija la ley. Se ha tomado esta decisión con los sindicatos y se tomará con otros colectivos.
—¿Como cuáles?
—Tampoco es cuestión de hablar de ninguno en concreto. Iremos actuando. Estamos analizando a qué colectivos se les pueden reducir también sus subvenciones y representaciones.
—En efecto, ha declarado la guerra a las subvenciones.
—Por lo menos en Baleares, la cultura de la subvención se ha acabado. Creemos en la economía productiva y no en la subsidiaria. La Administración no puede pervertir la libre competencia, y aquí se estaba subvencionando a unas empresas sobre otras del mismo colectivo para llevarse bien con ellas.
—Sin subvenciones, más de una empresa irá al agua entonces...
—Esto permitirá drenar la estructura empresarial. Subsistirán las que sean realmente competitivas y las que han vivido de la subvención tendrán que espabilar. No puede ser que las empresas se creen exclusivamente en función de la subvención que van a recibir.
—Tampoco se libra el sector público. Eliminará 92 de las 168 empresas existentes. ¿De qué tipo las hay?
—Hay de todo. A medida que entramos en materia, descubrimos consorcios, observatorios, fundaciones, sociedades... No sabíamos ni que existían. Había consorcios que habían finalizado su objeto y estaban «vivos» incluso sin tener deuda.Y lo peor, dicho por los propios funcionarios, es que había gerentes y directivos que jamás habían ido a las sedes de las oficinas: cobraban sin ir a trabajar.
—¿Cuántos de los 800 empleados afectados por esta medida recolocarán?
—Haremos todo lo posible por aminorar ese número, analizando caso a caso y ofreciendo alternativas en la negociación. Pero hay que dejar de tener el concepto de la Administración como colocadora, no podemos asumir más personal que el necesario. Un Gobierno no puede ser la oficina de contratación de un partido, y el anterior lo fue de seis. Había cogerentes y codirectores dentro de las mismas empresas públicas porque tenían que colocar a muchos.
—¿Esos abusos quedarán impunes?
—Eso deberíamos analizar: cómo no se demandan responsabilidades a un ejercicio basado en la mala gestión a sabiendas. En el último mes de gobierno socialista, para que vea las prioridades, en el hospital de Son Espases (Palma) se eliminaron diez puestos de técnico de laboratorio para poner a tres enchufados de alta dirección de 98.000 euros cada uno.
—¿Tienen dinero para pagar a los funcionarios hasta final de año?
—Hoy está garantizado, pero cuando entramos a gobernar, no. Hemos hecho un gran esfuerzo.
—La oposición, no obstante, le acusa a usted de subir el sueldo a cinco de los seis miembros de su gabinete.
—Se hace demagogia y se manipula. He hecho una reestructuración de mi gabinete que ha supuesto un ahorro de 800.000 euros. Ha habido un único caso en que se ha producido un incremento de mil y pico euros para homogeneizar las condiciones en todo mi equipo. Pero hay quien ha querido ver eso en lugar de la reducción de asesores y cargos.
—Los proveedores sí que no cobran. El Gobierno les debe 1.104 millones.
—Todos tienen que cobrar. Estamos negociando un crédito con entidades bancarias y, una vez lo tengamos, nos reuniremos con los colectivos para consensuar un calendario de pago. Hoy por hoy, la firma de la Administración no tiene ninguna validez para los bancos. Debemos ganar confianza.
—Los farmacéuticos de su comunidad han amenazado con ir a la huelga, hartos de no cobrar. Usted también es boticario de profesión.
—Yo he querido estar al margen de esta situación. Porque no estoy en activo y porque, a pesar de la complejidad de la situación, estoy convencido de que las gestiones entre el Colegio de Farmacéuticos y la Consejería de Sanidad van a dar buen resultado.
—¿Puede asegurar que no suprimirá ni una cama de hospital?
—Jamás, en absoluto. Curiosamente, tenemos documentos que revelan que el anterior Gobierno sí quería cerrar centros de día y suprimir horarios. Todo lo que ellos nos critican.
—¿Está de acuerdo con que los profesores tengan más horas lectivas?
—Estamos analizando si es posible incrementarlas: reducir al máximo el gasto público pero siempre con el máximo respeto al profesor. Nos hemos esmerado al máximo estos meses y hemos empezado el curso sin ningún conflicto.
—Al final, ¿cobrará el impuesto de patrimonio?
—Dicho por el mismo presidente y vicepresidente, es injusto y obsoleto. Es de las pocas cosas en que coincido con ellos. Ha generado una confusión absoluta en sus propias filas y, a fecha de hoy, es una incógnita tan grande que es difícil definirse. Pero, si no me obligan, no lo aplicaré. O solamente lo aplicaré si me obligan porque me condicionan la financiación autonómica.
—No obstante, la conducta del último presidente balear del PP, Jaume Matas, tampoco parece ejemplar.
—Creo que se hicieron muchas cosas bien, con un gran desarrollo en infraestructuras. Evidentemente, hubo errores y es imperdonable que, sea quien sea del partido que sea, meta mano a la caja, se aproveche de la situación y, sobre todo, priorice el interés personal.
—¿Cómo ha recuperado la confianza de los ciudadanos en el PP balear?
—He tomado medidas que han contribuido a ello. Al asumir mi presidencia, quise pasar voluntariamente por un congreso extraordinario. Dije que todas las personas imputadas tenían que dimitir inmediatamente y que no incluiría a ninguna en las listas.
—¿Qué opina de Jaume Matas?
—Ha sido presidente de nuestra formación y de Baleares, y está pendiente de que se diluciden responsabilidades con la Justicia. A partir de ahí, yo no tengo más que decir.
—¿Cómo se explica que un político utilice su cargo para cometer los delitos de corrupción que se le imputan a él?
—No entiendo la política más que como servicio público sin ningún privilegio. Piense que he hecho firmar un compromiso por la transparencia a todos los miembros de mi Gobierno que, entre otras cosas, dice que no se podrá tener tarjeta de crédito, las comidas no pueden superar los 35 euros, no se puede viajar más que en turista y en alojamientos de un máximo de cuatro estrellas. Tampoco se pueden aceptar regalos; y si son perecederos, se remiten a entidades benéficas.
Riesgo de corromperse
—Usted ha sido regidor de Urbanismo en Marratxí, su localidad de residencia. ¿Es fácil corromperse en política?
—Yo no he tenido ningún problema. No es una cuestión de la facilidad o no que implique un cargo, sino del rigor que uno se imponga; de tener unos principios y unos valores bien definidos que hagan imposible que no se produzcan más que la asepsia, la honradez y la honestidad.
—Una de sus primeras medidas ha sido que el catalán deje de ser requisito de acceso a la función pública. Le acusan de anticatalán...
—Estamos trabajando para que el catalán deje de ser un requisito y pase a ser un mérito. No significa despreciar nada, sino dar la misma oportunidad a todo el mundo. Lo que no es admisible es que valga más un nivel de catalán que un máster. Quiero que dispongamos de los mejores profesionales y que la lengua no implique discriminación.
—También en la escuela ha relajado la obligatoriedad del catalán.
—A partir del próximo curso, los padres podrán elegir la lengua en la que serán educados sus hijos: castellano o catalán. Pero independientemente de la que escojan, acabarán hablando las dos más inglés.
—¿Cataluña ha tratado de colonizar las islas Baleares?
—No Cataluña, sino algunos políticos. Pero nuestra identidad está muy clara, intenten lo que intenten quienes pretenden intentar lo que no es. Estamos orgullosos de ser mallorquines, menorquines... y por supuesto, de ser españoles.
—¿No se siente parte de los «Países Catalanes»?
—Jamás. Nunca me he sentido más que parte de Baleares y de España.
