- Sorprendió a todos con su petición al Ministerio de Justicia de incluir el despilfarro público como delito en el Código Penal.
-¿Respondió el ministro Caamaño a su solicitud de incluir el despilfarro como tipo delictivo?
-Aún no, pero supongo que me contestará. A pesar de estar al final de la legislatura y de que haya quien piense que no tiene mucho sentido plantear ahora una petición de este calado, creo que es el momento oportuno, por la sencilla razón de que los partidos están confeccionando sus programas electorales y podrán tener en cuenta mis manifestaciones en el Congreso sobre la existencia de un clamor popular en cuanto a una situación que tiene que acabar.
-Si se aplicara con efectos retroactivos, veríamos inhabilitados para la vida política a un sinfín de dirigentes de todos los colores.
-Las leyes penales no tienen efecto retroactivo, por eso dije que habrá que configurar ese tipo penal y si es posible –técnicos tiene el Ministerio de Justicia para estudiarlo–, se castigue con la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público.
-¿Deberíamos aprender de Islandia, donde han llevado a juicio al ex primer ministro Geir H. Haarde? ¿Es lo que se está demandando?
-La gente reclama medidas y el Defensor del Pueblo tiene que hacerse eco de ese clamor popular y trasladarlo a las personas concernidas. En este caso, qué mejor que los diputados y senadores.
-Rajoy se ha comprometido a inhabilitar a los políticos despilfarradores y Rubalcaba a crear una oficina para combatir el fraude. A buenas horas mangas verdes, ¿no?
-Las cosas siempre han de tener un inicio. A nadie se le había ocurrido, por ejemplo, incluir los delitos de tráfico en el Código Penal y ya lo están.
-¿Ha recibido quejas sobre algún cargo en concreto?
-No sólo recibimos quejas, también nos llegan lamentos. No son denuncias contra alguien en concreto, sino escritos en los que cuentan que la situación que viven es insoportable, que no tiene sentido que la Administración gaste, de forma desordenada y arbitraria, un dinero que proviene de los impuestos y el consumo de los españoles, en temas tan absurdos como son los aeropuertos que no tienen aviones o los trenes que no tienen viajeros.
-Comunidades próximas a la quiebra, ayuntamientos que no tienen para pagar ni la luz, responsables de cajas que se lo llevan crudo. ¿Es la inhabilitación castigo suficiente o habría que contemplar penas como la cárcel o, lo más efectivo, que devuelvan el dinero?
-Exacto, puede haber una responsabilidad civil en cuanto a que se les obligue a devolver el dinero. Pero ojo, no es lo mismo hablar de despilfarro que de corrupción, aunque tengan un nexo común: la utilización de los pobres ciudadanos. Cuando hablo de inhabilitación es que, como mínimo, esa persona no vuelva a tener un cargo público. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día lo máximo que puede pasar es que pierda unas elecciones y deje el marrón al que venga. Me parece a mí que, por grande que sea el reproche social, no es suficiente como para que esa gente se vaya de rositas.
-¿Han dicho ‘basta’ los ciudadanos?
-La gente ha dicho basta, efectivamente, porque tenemos cinco millones de parados, porque hay un millón de familias en las que no entra dinero. No hay dinero para las políticas sociales. No hay dinero para algo tan básico como la sanidad, se están cerrando quirófanos y alargando las listas de espera. Se está fraccionando el pago de los geriátricos de forma que puede perjudicar el buen funcionamiento de los mismos...
-¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Tiene una respuesta?
-Eso es algo que tendrán que determinar los políticos y los analistas. Yo sólo puedo constatar una realidad que vemos todos.
-Según su informe, el número de quejas recibidas en 2010 se duplicó en relación al año anterior. ¿Han cambiado los motivos de denuncia con la crisis?
-Ha aumentado la litigiosidad en materia de administración de Justicia: hay facturas impagadas, los particulares tienen que espabilarse porque la situación es dramática y hay más reclamaciones judiciales, con lo cual hay más dilaciones. Hay muchas quejas contra malas prácticas bancarias y, en materia sanitaria, de personas desplazadas que no son bien atendidas ni les dispensan medicamentos porque no pertenecen a esa comunidad. He mandado un escrito a la ministra de Sanidad diciendo que se reúna el Consejo Interterritorial de Salud con todos los consejeros de sanidad autonómicos y que establezcan entre ellos mecanismos de compensación. No se puede dejar de atender a un español, esté en la comunidad autonómica que esté. Es intolerable.
-¿Es partidaria de reformar la Ley Hipotecaria a la vista del creciente número de desahucios?
-He encargado un estudio para intentar aportar un granito de arena. Estoy a la espera del resultado. No es fácil, porque tiene el peligro subsiguiente de que se encarezcan los préstamos y sólo se concedan a ciertas personas.
-Según un estudio publicado en Estados Unidos, con la crisis económica aumenta el maltrato a niños. ¿Hay datos al respecto en España?
-No tengo conocimiento sobre ningún caso concreto, pero lo que es evidente es que la crisis agría el carácter y crea mal ambiente. Intentar encontrar dinero donde no lo hay tiene repercusiones muy negativas en todo, y mucho me temo que las tendrá también en la seguridad ciudadana. Es decir, la gente tiene que comer, y todos sabemos lo que eso significa.
-¿Es el Defensor la última esperanza para muchos desesperados?
-Pues sí, y además tengo muy a gala decir que escuchamos a todo el mundo, porque no es lo mismo oír que escuchar. De aquí no se va nadie sin un buen consejo, sin un abrazo, sin una despedida cálida, tanto si tenemos competencias en el asunto como si no.
-Como ex política que conoce bien la Administración, ¿cree que hay que cambiar de modelo?
-No me corresponde a mí dar una respuesta. Cuando el Estado autonómico se configuró así en la Constitución era algo querido y esperado por todos, pero quizá nos hemos pasado de frenada y la creación de 17 miniestados no sea posible. Hablo desde el punto de vista de quien observa cómo se superponen cinco administraciones: local, provincial, autonómica, estatal y europea. Hay que reconsiderar el modelo. Creo que sería positivo plantearse que quizá tengamos que reflexionar sobre si esta es la senda adecuada o si debemos modelar otro tipo de Estado.
-Tendrían que estar de acuerdo, de entrada, PP y PSOE. ¿Serán capaces en las actuales circunstancias?
-Espero que sí. Unos porque se van y dejan un legado no muy bueno y otros porque llegan y quieren que sea bueno. En consecuencia, apelo a la responsabilidad de todos ellos para llegar a acuerdos que son importantes en estos momentos.
-Dicen que ETA está en las últimas. ¿Ha detectado preocupación sobre el cómo de ese posible final?
-Ojalá sea el final, pero permítame que le diga que desconfío de ETA, sobre todo en momentos electorales . Esa gente no merece la confianza de los españoles. Se está pidiendo el acercamiento de los presos. Me gustaría que ese acercamiento también lo fuera de los que están fuera de España, porque tienen condenas que cumplir y porque casi novecientos muertos son muchos muertos. Si piden perdón a las víctimas, entregan las armas y se disuelven, sería la mejor noticia que se podría dar a cualquier español de buena voluntad.
-¿Lo cree posible a corto plazo?
-Ahora se ha montado esa comisión de verificación del alto el fuego. Pero vamos a ver, ¡qué falta hace un comité de expertos, integrada por cinco señores –y lo digo con todo el respeto– de Irlanda, India, Sri Lanka, Ámsterdam y Ciudad del Cabo! Nos bastamos en España, que somos perfectos conocedores de lo que es ETA y sabemos lo que siempre se ha dicho que tiene que hacer para considerar si se ha extinguido o no.
-Estatuto, toros, inmersión lingüística... Siempre hay algún contencioso con Cataluña.
-Lo que está claro es que Cataluña forma parte de España, que España tiene un ordenamiento jurídico por el que regirse y unos tribunales que son los que dictan las sentencias. Y las sentencias hay que cumplirlas y acatarlas, gusten o no gusten
La Gaceta
